España y Europa han mandado claros mensajes de apoyo al sector renovable. La aprobación en el Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría (79% de los votos), de la Directiva Europea Renovable “REDII” fija en el 32% el porcentaje de renovables en el mix energético europeo para el año 2030.
A nivel nacional, el inicio del debate y tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que marca un 35% de renovables en energía y un 70% en electricidad para 2030 dota al sector de un renovado optimismo. Hasta el año 2030 las inversiones asociadas a la Transición Energética necesitarán unos 100.000 millones de euros y podrían crear más de 130.000 empleos en el sector renovable nacional. Para conseguirlo, el sector confía en que la LCCTE siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo, según la opinión de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA.
El compromiso europeo con la Transición Energética
La nueva Directiva Europea Renovable (REDII) ha sido acompañada por la Directiva de Eficiencia Energética (EED) que también fue aprobada por una amplia mayoría (434 votos). Con estas aprobaciones en la sesión plenaria del Parlamento Europeo se marcan diversos objetivos de cara a 2030:
- Objetivo vinculante común europeo del 32% en el uso de energías renovables para 2030, revisable solo al alza en 2023 en caso de reducción sustancial de los costes de producción renovable, por acuerdos internacionales contra el cambio climático o por una reducción significativa del consumo energético.
- Consagración del derecho al autoconsumo al permitir producir, consumir, almacenar y vender el excedente de energía producida.
- Aumenta la seguridad jurídica al recomendar planificación, predictibilidad y estabilidad y evitar cambios retroactivos.
- Simplificación de trámites administrativos.
- Incremento de la cuota de renovables en sectores difusos como transporte, calefacción o refrigeración.
- Compromiso de alcanzar el 15% de interconexión eléctrica para 2030.
- En materia de biocombustibles, se eliminarán de forma gradual los biocombustibles de alto cambio indirecto en el uso de la tierra (ILUC) y se impulsarán los biocombustibles avanzados.
Esta aprobación tiene una importancia capital en nuestra política energética nacional, dado que, tras su aprobación final por el Consejo Europeo de Ministros, los cambios deberán estar implementados en la regulación nacional en junio de 2021. Por parte de España, nuestro Gobierno debe enviar el Plan Nacional de Energía y Clima antes de finales de 2018 donde se recogerá la previsión del desarrollo de energías renovables.
Una necesaria planificación de la Transición
Desde el sector de las renovables, las empresas reclaman predictibilidad en la Transición Energética, dado el alto volumen de inversiones que deberá acometer el sector privado para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030. “El anuncio de que habrá un mínimo de 3.000 MW de nueva potencia en concurrencia competitiva todos los años es positivo en el sentido de dotar de seguridad al sector. Las últimas subastas renovables fueron aisladas sin permitir a los empresarios decidir si preferían esperar, pues no se sabía cuándo se volverían a llevar a cabo. La planificación es fundamental para acometer las inversiones. Es mucho más importante hacer bien la Transición Energética, que tener un objetivo del 35% en vez del 32%”, ha explicado José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables – APPA Renovables.
Impulso a la electrificación y las renovables térmicas y en transporte
Un 70% de electricidad renovable implica que la contribución al mix energético de las renovables eléctricas se limitará al 17,5% si no se avanza en la electrificación. Para alcanzar el 35% marcado para 2030, el 12,5% deberá provenir de renovables térmicas y en el transporte. En 2017, las renovables solo representaron el 13% de la energía primaria en Europa y el 12,2% en España, siendo las renovables térmicas el 6,4% (Fuente: APPA. Foto: © European Union 2018 – European Parliament).